EuroHealthNet responde a la consulta sobre las Directivas de contratación pública
La contratación pública en Europa representa aproximadamente el 14 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea cada año. Su magnitud genera un importante impulso económico que puede utilizarse para promover la sostenibilidad, la justicia social y la prosperidad territorial. Sin embargo, muchos poderes adjudicadores aún tienen dificultades para plasmar los objetivos sociales y ambientales en los requisitos de las licitaciones. Esto puede llevar a que se acepte la oferta más baja, lo que resulta en resultados menos saludables, menos sostenibles y menos socialmente responsables, y a perder oportunidades para apoyar las economías locales y regionales y a los pequeños productores sostenibles.
La revisión de las Directivas de Contratación Pública puede contribuir a garantizar que la contratación estratégica y sostenible no sea una opción opcional, sino la opción por defecto en toda la Unión Europea. EuroHealthNet insta a que se considere lo siguiente en las revisiones:
- Aprovechar la adquisición de alimentos (alrededor de 50 millones de euros anuales) para cambiar la producción y el consumo de alimentos hacia modelos más sostenibles que también promuevan salarios justos y los derechos de los trabajadores.
- Establecer una distinción clara entre legislación general y sectorial con criterios actualizados y disponer de una legislación sectorial de la UE específica en materia alimentaria.
- La simplificación debe tener en cuenta directrices claras y mayor flexibilidad en la elección de los procedimientos para que los municipios estén informados sobre qué solicitar.
- Un enfoque específico “Hecho en Europa” en el sector alimentario puede ayudar a reducir las dependencias estratégicas, fortalecer la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y apoyar a los agricultores y las pequeñas y medianas empresas europeas.
- Protecciones sociales para los trabajadores de la cadena alimentaria, incluidos los migrantes y los trabajadores mal pagados, impacto positivo específico de género, igualdad salarial garantizada y espacios de trabajo más seguros; y fortalecimiento de la economía social y solidaria.
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